En un solo día, la Nación aprobó y anuló el protocolo del aborto no punible
El miércoles el gobierno había aprobado una nueva guía sobre la ILE. Horas después dio un revés y lo anuló
En una jornada signada por dos decisiones antagónicas, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Salud, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, anunció un nuevo “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)” y horas después, por decisión del presidente Mauricio Macri, lo anuló. Además, un sector del oficialismo pidió la renuncia del secretario Adolfo Rubinstein.
Una debilidad institucional quedó expuesta a pocos días del cambio de gestión por una guía técnica que establece procedimientos de atención de casos de abortos que son legales, es decir, aquellos justificados por las causales de salud o de violación que están previstas por el artículo 86 del Código Penal desde 1921 y ratificadas por el fallo FAL de la Corte Suprema en 2012.
La idea de la cartera social que conduce Carolina Stanley es revocar la resolución por cuestiones de “oportunidad, mérito y conveniencia”, según se indicó. Con esta decisión, vuelve a quedar vigente el protocolo existente desde 2015.
La actualización de la guía, publicada ayer en el Boletín Oficial, no ampliaba ni obstaculizaba este derecho, sino que actualizaba técnicas de acuerdo con los avances científicos y preveía recomendaciones para la atención de niñas y adolescentes. Una diferencia sustancial con respecto a las guías anteriores es que esta tenía rango ministerial, con mayor jerarquía.
El protocolo actualizaba el que regía desde 2015, de acuerdo con normativas internacionales con el fin de establecer una “metodología de trabajo rigurosa y uniforme para el ámbito nacional”, según la resolución publicada en el Boletín Oficial. Y luego ampliaba: “Responde también a la necesidad de renovar las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la ILE (dosis de medicamentos y aspiración manual endouterina, Ameu) y de reforzar la importancia del acceso rápido a la atención integral y a la práctica, haciendo hincapié en la atención en el primer nivel y los tratamientos con medicamentos”.
“Es fundamental que el protocolo esté acorde con el Código Civil y Comercial de 2015, donde se explica que las niñas menores de 13 años podrán brindar su consentimiento acompañadas de sus progenitores o representantes legales, aunque prima el derecho de la niña, el que debe informarse al órgano protector de derecho”, había dicho a Télam, por la mañana, Silvia Oizerovich, directora de Salud Sexual y Reproductiva.
En Córdoba
La vigencia o no de la actualización del protocolo a nivel nacional no cambia la situación local, pues existe una guía provincial desde 2012 que fue restablecida este año cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revocó el recurso de amparo que la tenía suspendida desde hacía siete años.
“El Ministerio de Salud evaluará en profundidad los cambios en la guía de ILE de Nación, y analizará si es necesaria alguna actualización a la guía provincial, pero mientras tanto esta sigue vigente y se está aplicando”, habían indicado en horas de la tarde desde la cartera provincial.
La Red de Profesionales por el Derecho a Decidir de Córdoba había celebrado la actualización del protocolo, que luego fue revocada. “Que tenga resolución ministerial nos permite con más fuerza desde cada municipio y provincia del país exigir la adhesión a la guía. También habla nuevamente de la mifrepistona, que es la otra droga que necesitamos para aumentar la eficacia en el tratamiento medicamentoso para las interrupciones legales y que la Anmat aún no aprueba”, había dicho Ana Morillo, de ese colectivo.
Luego, al conocerse la decisión del Presidente, Betiana Cabrera Fasolis, de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, indicó: “Macri va consolidando su espacio de oposición y, en ese marco, nos parece lamentable. Debemos destacar que los protocolos son recursos administrativos que ordenan la forma en la cual nos manejamos en las instituciones públicas y privadas, pero eso no significa que estén por encima de ninguna ley”.
La idea fue remarcada por Lola Guerra, abogada de Católicas por el Derecho a Decidir de Córdoba: “La ausencia de protocolos no puede ser utilizada como excusa para no dar acceso a la atención sanitaria y al aborto legal”.
Fuente: La Voz.
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