Acusaron a los jueces que fallaron en el caso de violación y femicidio de Lucía Pérez

Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas fueron acusados por "negligencia e inclumplimiento del cargo" luego de absolver a tres personas acusadas de abusar sexualmente y matar a la adolescente de 16 años

Dos de los jueces que en 2018 absolvieron a tres imputados por el abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años asesinada en Mar del Plata en 2016, fueron acusados por «negligencia, incumplimiento de los deberes de cargo y parcialidad manifiesta» por la Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados de Buenos Aires.

La acusación recayó sobre los magistrados Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 marplatense, quienes son investigados por su fallo de noviembre del 2018 en el que absolvieron a Matías Farías (26), Juan Pablo Offidani (45) y Alejandro Maciel (62).

Tras ser revertidas esas absoluciones en agosto de 2020 por el Tribunal de Casación bonaerense, esos dos jueces (el tercero, Aldo Carnevale, renunció para jubilarse) fueron denunciados y se constituyó un jury de enjuiciamiento, tras lo cual se dio traslado a la Procuración y a la Bicameral.

Incompetencia e incumplimiento a los deberes

Según determinaron los investigadores, el hecho ocurrió el 8 de octubre de 2016 a las 10.30, cuando Offidani y Farías, quienes vendían drogas a adolescentes cerca de escuelas de Mar del Plata, llevaron a Lucía (16) hasta una vivienda donde abusaron sexualmente de ella y la trasladaron muerta hasta un centro médico alejado de esa ciudad.

No obstante, durante el debate oral, los jueces consideraron que no se pudo probar cuál fue la causa de la muerte de Lucía ni que haya sido abusada, por lo que absolvió a los tres acusados de esos delitos.

Estos jueces solo condenaron a ocho años de prisión a Farías y a Offidani por «tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo».

En la acusación de la Bicameral que investiga a los jueces, se indicó que «la queja se relaciona con la resolución de libre absolución que beneficiara en el juicio oral a los autores de los delitos, por el gravísimo delito de abuso sexual, con acceso carnal, agravado por haber causado la muerte de la ofendida y habiendo sido favorecido por el suministro de estupefacientes».

Además, añade que las denuncias dan cuenta de manera concordante que la niña fue drogada, abusada sexualmente y asesinada, por lo que la sentencia dictada lejos de ajustarse a derecho evidencia una clara arbitrariedad, que deja impune el femicidio, y demuestra la incompetencia e incumplimiento a los deberes del cargo de los juzgadores.

Para la Bicameral «debió contemplarse que la dependencia le impedía a la niña dirigir su voluntad«. Según la acusación, los jueces «negaron una situación de vulnerabilidad dentro del contexto de género y que fuera cosificada para satisfacer sus deseos«.

En el informe se cuestionó, además, que el TOC 1 se enfocó en «indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, como su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter y en distinguir la conducta de los imputados y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal».

Por otra parte, a partir del fallo de Casación que anuló la sentencia de primera instancia, se espera que se sortee un nuevo tribunal marplatense, que no puede ser el TOC 1, para realizar un nuevo debate oral.

En octubre del año pasado, al cumplirse el cuarto aniversario del femicidio, Marta Montero, madre de Lucía, pidió que este segundo juicio «se realice cuanto antes y sea lo más ágil posible«, aunque ya no estarán los tres imputados, ya que Maciel falleció en julio del año pasado por una enfermedad.

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