Con gran repudio de taxistas, Uber se lanzó en Córdoba y la Municipalidad la intimó
Ramón Mestre le advirtió a Uber el probable secuestro de autos y de posibles denuncias penales. En cuanto a taxistas y remiseros, labró 120 actas
En medio de un tenso clima dentro de los conductores de taxis y remises, la aplicación Uber llegó a Córdoba por la tarde del lunes último. Tal como había pasado hace tres años tras su surgimiento en Buenos Aires, generó repudio y la protesta de taxistas y remiseros se expandió en solo minutos.
El reclamo llegó directamente al intendente Ramón Mestre que, en horas del mediodía, se encontraba inaugurando la obra del túnel de Plaza España. El mandatario debió realizar un acto breve, ya que la presencia de protestantes contra Uber lo estaban insultando. Además, varios taxistas y remiseros se apostaron sobre la calle Hipólito Yirigoyen para impedir que el tránsito comience a circular en el túnel.
Así, el intendente de Córdoba dijo que «Uber es ilegal» y que el servicio se debe ajustar a la ordenanza 12.859. Por escrito, resolvió intimarla para que se «abstenga» de realizar la prestación, después de recibir una carta de intención de la propia aplicación estadounidense dando cuenta de su llegada a la ciudad.
Ramón Mestre también le advirtió a Uber el probable secuestro de autos y de posibles denuncias penales.
Debido a este escenario de tensión, con cortes de tránsito en varios puntos de la ciudad, la Municipalidad de Córdoba le pidió a la Justicia que intervenga para despejar los piquetes y convocó a una mesa de diálogo a los manifestantes pasadas las 16, cuando Uber ya estaba operativa.
Al mismo tiempo, el municipio labró en la jornada del lunes 120 actas a los choferes que realizaron decenas de piquetes en diferentes puntos de la ciudad. Además, inició un operativo desde el área de Control de Transporte municipal para detectar cualquier auto de Uber que estuviera funcionando.
Ordenanza 12.859: La norma que regula el servicio de taxis y de remises
La ordenanza 12.853, que entró en vigencia en mayo pasado, establece en su artículo 82 sanciones para aquellos autos particulares que realicen viajes de traslado de pasajeros «a título oneroso, promocional, por canje o similares». Para esto, se fija una sanción equivalente al valor de 1.500 bajadas de bandera. Por lo que la multa partirá de los $ 72.945. Incluso, se prevé el secuestro del vehículo, en caso de que sea detectado en los operativos de Control de Transporte municipal.
Mirá también:
Deja un comentario
Seguí leyendo: